La propuesta de Mamdani se basa en el plan del exalcalde Bill de Blasio que proponía la construcción de cuatro nuevas cárceles, una en cada distrito, ubicadas más cerca de los tribunales, el transporte público y las comunidades donde residen los neoyorquinos encarcelados, y contempla una inversión adicional de US$ 146 millones para el próximo año fiscal destinada a la atención de la salud mental, el tratamiento por consumo de sustancias, la educación, la capacitación laboral y los servicios para víctimas de delitos, además de buscar reducir el número de personas en prisión preventiva y abordar los cuellos de botella del sistema judicial.
Aunque el proyecto lleva un retraso considerable, la ciudad prevé inaugurar el primer centro en Brooklyn para 2029, con nuevas instalaciones en Queens y el Bronx en 2031, y finalmente la de Manhattan en 2032, cada una con una capacidad de 1,040 plazas.
Las nuevas instalaciones están diseñadas para mejorar las condiciones de los agentes penitenciarios y demás personal: cuentan con unidades de alojamiento más pequeñas, celdas individuales, una mayor visibilidad, áreas específicas para programas y espacios al aire libre, según la administración. Cada centro incluirá, además, al menos 1,800 metros cuadrados de espacio comunitario para los residentes del vecindario, con posibles usos que abarcan programas para jóvenes, servicios para personas mayores y apoyo a pequeñas empresas.
El plan, presentado junto al comisionado del Departamento de Correccionales, Stanley Richards, primera persona que, tras haber estado encarcelada, llega a dirigir dicho departamento, contempla también la administración de Mamdani gestionando una serie de avances previos, como la habilitación de 104 plazas terapéuticas en el Hospital Bellevue, la reactivación de un proyecto de vivienda con apoyo en el Bronx y la clausura de una enfermería en la isla que se encontraba en estado de deterioro.
No obstante, el aumento de la población reclusa en Rikers sigue siendo un desafío. El plan original de cierre contemplaba mantener el número de detenidos por debajo de los 5,000, pero si bien la población carcelaria disminuyó considerablemente durante la pandemia, ha vuelto a crecer hasta alcanzar cerca de 7,000 personas, según datos del Data Collaborative for Justice del John Jay College, entidad que realiza un seguimiento del censo en Rikers. La administración de Mamdani atribuyó el aumento a la duración de la estancia de las personas bajo custodia, no al número de ingresos, y señaló que la ciudad planea reducir el número de personas en prisión preventiva y abordar los cuellos de botella del sistema judicial.
Se espera que esta nueva propuesta dé lugar a una ronda de negociaciones con el Concejo Municipal, que deberá aprobar la legislación necesaria para extender legalmente el plazo hasta 2032.




