El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la fiscal general del estado, Letitia James, ha presentado una demanda federal para impugnar la nueva norma migratoria de la administración de Donald Trump, que busca denegar tarjetas de residencia permanente (green cards) a inmigrantes que reciban ayudas públicas. Esta acción legal, respaldada por 21 estados y varias ciudades, incluyendo Chicago, San Francisco y Seattle, fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
La regla de carga pública, que entrará en vigor este viernes, representa un cambio drástico en la política migratoria, revirtiendo los avances logrados durante la administración de Joe Biden. Bajo esta nueva norma, los funcionarios de inmigración tendrán mayor discrecionalidad para rechazar solicitudes de residencia a inmigrantes que, en su evaluación, puedan depender de ayudas gubernamentales en el futuro.
Mamdani ha dejado claro que el objetivo es detener por completo la implementación de esta norma. En una rueda de prensa, el alcalde criticó duramente la medida, describiéndola como un «intento descarado de privar a los inmigrantes de los servicios esenciales a los que tienen derecho». Además, advirtió que «familias ya están renunciando a servicios vitales» por miedo a perder su estatus migratorio. Según proyecciones, hasta 4 millones de personas en EE.UU., incluyendo 1.8 millones de niños, podrían abandonar su seguro médico como resultado de esta política.
El impacto de esta norma podría ser catastrófico. Mamdani advirtió que la tasa de mortalidad prematura en las comunidades inmigrantes de Nueva York podría incrementarse hasta un 10.6% en los próximos cinco años. Programas como Medicaid, SNAP (cupones de alimentos) y asistencia de vivienda asequible estarían en riesgo, afectando a miles de familias que dependen de estos recursos.
El alcalde reafirmó el compromiso de la ciudad: «Vamos a agotar todos los recursos para proteger a los neoyorquinos», tachando la política de Trump de «cruel e injusta». Esta demanda es un esfuerzo colectivo para garantizar que los inmigrantes no sean privados de sus derechos y puedan acceder a los servicios públicos que necesitan.