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Este lunes, en la sede de la ONU en Ginebra, se presentará un documento histórico que podría marcar un antes y después en la lucha por los derechos humanos en Venezuela. El informe, fruto de años de investigación, no solo confirma la existencia de torturas sistemáticas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sino que vincula directamente a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro con estos crímenes. Según la ONU, el SEBIN, la DGCIM y otras fuerzas de seguridad actúan bajo órdenes superiores para silenciar a la oposición y aterrorizar a la población.

Entre los hallazgos más impactantes del informe destacan:

  1. Torturas como método de interrogatorio: Víctimas relatan haber sido sometidas a descargas eléctricas, asfixia con agua y golpizas hasta la pérdida del conocimiento.
  2. Desapariciones forzadas: Detenciones sin proceso legal, con víctimas mantenidas en lugares no oficiales donde son sometidas a maltratos.
  3. Responsabilidad en la cúpula: El documento señala a ministros y generales como cómplices o autores intelectuales de estos abusos.

Lo más preocupante es que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, el gobierno venezolano no ha tomado ninguna medida para investigar estos crímenes o reparar a las víctimas. Mientras, organizaciones de derechos humanos —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— exigen que este informe sea el detonante para activar mecanismos de justicia internacional, incluyendo sanciones contra los responsables y la apertura de un caso en la Corte Penal Internacional.

El informe de la ONU no es solo una denuncia, sino un testimonio irrefutable de cómo el Estado venezolano ha institucionalizado la violencia como herramienta de control. Ahora, la pregunta es si la comunidad internacional actuará con la contundencia que el caso amerita, o si este documento se sumará a la larga lista de denuncias ignoradas que han permitido la impunidad en Venezuela.


Puntos clave:

  • Crímenes documentados: Torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales.
  • Autores intelectuales: Ministros y militares de alto rango.
  • Falta de acción: Ninguna investigación por parte del gobierno.

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