miércoles 17 de septiembre de 2025 00:35 am
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El alcalde de Nueva York, Eric Adams, sufrió un duro revés legal cuando una jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York anuló definitivamente su orden ejecutiva para reabrir una oficina de ICE en Rikers Island. La decisión, que declara la orden «nula e inválida», no solo bloquea el regreso de la agencia federal al complejo carcelario, sino que también prohíbe cualquier intento futuro de Adams para establecer acuerdos similares, citando un evidente conflicto de intereses vinculado a las acusaciones de corrupción en su contra y a presuntos acuerdos con la administración federal.

La polémica comenzó cuando Adams firmó la orden ejecutiva argumentando que era necesaria para combatir el crimen violento y las pandillas transnacionales. Según el alcalde, la presencia de ICE en Rikers se limitaría a investigaciones criminales, no a operaciones migratorias. Sin embargo, el Concejo Municipal de Nueva York presentó una demanda acusando a Adams de negociar con el gobierno federal para que se desestimaran los cargos de corrupción en su contra a cambio de facilitar el regreso de ICE.

La jueza respaldó este argumento, señalando que la apariencia de un «quid pro quo» invalidaba la orden. Según el tribunal, la falta de recusación del alcalde y la percepción de un conflicto de intereses contaminaron por completo el proceso de emisión de la orden.

El primer vicealcalde de Nueva York, en nombre de la administración Adams, rechazó el fallo y anunció que apelarán la decisión. «Avanzaremos cuando apelemos. La jueza no cuestiona que el contenido de nuestra orden ejecutiva cumpla plenamente con la legislación local», declaró, insistiendo en que la colaboración con ICE era necesaria para garantizar la seguridad pública.

Sin embargo, críticos y defensores de los derechos civiles argumentaron que la medida era un intento de revivir las políticas de deportación masiva que operaron en Rikers hasta 2014, cuando una ley de santuario las prohibió. El Concejo Municipal celebró el fallo como una victoria para los derechos civiles y las comunidades inmigrantes, que temían un regreso a las políticas de deportación masiva.

El caso se enmarca en un contexto más amplio de tensiones políticas y legales para Adams. En 2024, el alcalde fue indictado por cargos de corrupción, pero los cargos fueron desestimados en 2025, una decisión que generó sospechas de un acuerdo político. Además, Adams enfrenta un complicado panorama electoral. Tras perder la primaria demócrata frente a un joven candidato socialista, el alcalde se presenta como independiente en las elecciones de noviembre. Sin embargo, su popularidad ha caído drásticamente, y encuestas recientes lo ubican con menos del 10% de intención de voto, muy por detrás de sus principales rivales.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el futuro de Rikers Island —y del propio Adams— sigue siendo incierto.

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