El traslado de familias que han vivido durante décadas bajo el Puente de la 17 en Santo Domingo ha dejado a su paso un paisaje de escombros y estructuras demolidas, mientras las autoridades avanzan con un plan que, según los residentes, no garantiza una vivienda digna para quienes son desalojados. Aunque la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) asegura que el proceso es voluntario, muchos afectados denuncian que se sienten obligados a aceptar compensaciones que no cubren sus necesidades.
Demoliciones que borran décadas de historia
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha comenzado a demoler las estructuras una vez que las familias son trasladadas. Wilton Fernández, ingeniero civil de la obra, explicó que se colocarán vallas para evitar nuevas ocupaciones y que, para octubre de 2025, está prevista la entrega de un nuevo destacamento policial en la zona.
«Estamos siguiendo un protocolo claro, pero entendemos que es un proceso difícil para las familias», declaró Fernández. Sin embargo, para los residentes, como Juan Carlos, quien ha vivido 43 años bajo el puente, la demolición de su hogar es un golpe emocional y económico. «Aquí nací, aquí crecí, aquí tengo mi vida. Ahora me dicen que me vaya con un dinero que no me alcanza para nada», lamentó.
Familias en la incertidumbre: ¿Adónde irán?
Muchas familias, como la de Natalí, quien vivía con su esposo en una casa heredada de su madre, se enfrentan a un futuro incierto. Su vivienda fue tasada en RD$300,000, un monto que considera insuficiente para adquirir una nueva casa. «Nos quedaremos en la calle si nos sacan. No tenemos adónde ir», advirtió.
Otras, como Annerys Tavares, quien recibió RD$250,000 por una casa de madera que alquilaba, denuncian que las compensaciones no alcanzan para comprar una vivienda digna. «Con ese dinero no puedo comprar nada. Ahora tendré que alquilar, y con los precios actuales, no sé cómo voy a pagar», expresó.
Resistencia y lucha por quedarse
Aún quedan varias familias que se resisten al traslado. Martínez Medina Ferreras, quien lleva más de 20 años en el lugar, se niega a aceptar el monto ofrecido porque no cubre el valor de su vivienda. «Yo no firmé. Lo que ellos me dan no vale mi casa. Aquí tengo mi vida, y no me voy a ir por un dinero que no me alcanza ni para alquilar», declaró con firmeza.
El proceso de traslado: Entre la supervisión y las promesas incumplidas
Representantes de URBE supervisan el proceso para asegurar que se cumplan los protocolos. Luis Alcántara, supervisor de la entidad, explicó que las familias son notificadas con antelación y que se les ofrece transporte en minibuses con aire acondicionado y servicio de mudanza. Sin embargo, los residentes denuncian que el proceso es forzoso. «Nos dicen que es voluntario, pero si no aceptamos, nos dejan sin nada. ¿Dónde está la opción?», se preguntó una vecina.
El futuro del espacio: ¿Qué se construirá?
Aunque las autoridades han comenzado las demoliciones, aún no se ha definido qué se construirá en el espacio liberado. **»Por ahora, colocaremos vallas para evitar nuevas ocupaciones»*, declaró Fernández. Sin embargo, los residentes exigen respuestas claras sobre el futuro del área. «Nos sacan de nuestras casas, pero no nos dicen qué van a hacer aquí. ¿Van a construir algo para la comunidad o solo van a dejarlo vacío?», cuestionó Juan Carlos.
Un llamado a la transparencia y la justicia social
El caso del Puente de la 17 ha generado un debate sobre justicia social y vivienda digna en República Dominicana. «El Gobierno habla de desarrollo, pero ¿desarrollo para quién? Nosotros solo pedimos una solución justa», declaró Juan Carlos, mientras observaba cómo su hogar de cuatro décadas era reducido a escombros.
