La alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a proteger a las comunidades inmigrantes, en respuesta a las redadas migratorias que han afectado la ciudad durante más de un mes. Bass describió estos operativos como «ilegales y caóticos» y aseguró que la orden es necesaria para ayudar a la ciudad y sus habitantes a enfrentar la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.
La directiva refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, establece un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicita registros de agencias federales sobre redadas ilegales.
«Ante las señales de la Administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes», declaró la alcaldesa.
Bass explicó que el Ayuntamiento continuará buscando recursos legales en los tribunales para contrarrestar operativos violentos con agentes enmascarados, haciendo referencia al despliegue militar ocurrido el lunes en el icónico Parque MacArthur, corazón de la comunidad centroamericana, que no contó con el permiso de la ciudad. Aseguró que el operativo, que incluyó un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobrevolando la zona mientras agentes en tierra se movilizaban en vehículos blindados y a caballo, se hizo con el único fin de «atemorizar» a los angelinos.
«Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles», advirtió Bass.
A principios de semana, la alcaldesa anunció que la ciudad presentó una moción para unirse a una demanda presentada contra el Ejecutivo estadounidense la semana pasada, alegando que las redadas ocurridas en Los Ángeles y sus alrededores son inconstitucionales y están basadas en el perfil racial.
La orden ejecutiva de Bass también busca garantizar que los inmigrantes tengan acceso a servicios legales y de apoyo, y que se les informe sobre sus derechos. Además, la alcaldesa ha instado a las agencias federales a proporcionar información detallada sobre cualquier operación de redada planeada, para asegurar que se lleven a cabo de manera legal y respetuosa.
La comunidad de Los Ángeles ha mostrado su apoyo a la decisión de la alcaldesa, con muchas organizaciones locales y líderes comunitarios expresando su gratitud por las medidas tomadas para proteger a los inmigrantes. Sin embargo, la medida también ha generado controversia, con algunos críticos argumentando que la ciudad debería cooperar más estrechamente con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración.
