El Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana declaró inconstitucional la Ley 10-15, que modificaba el Código Procesal Penal (CPP), en un fallo emitido en diciembre de 2024. Esta decisión dejó un plazo de un año para que el Congreso Nacional elabore una nueva normativa que corrija las vulneraciones a la Constitución y las irregularidades en el proceso legislativo. Si los legisladores no cumplen con este mandato antes de enero de 2026, el país retrocedería al Código Procesal Penal de 2002, perdiendo las reformas introducidas en la Ley 76-02.
El fallo del Tribunal Constitucional
En febrero de 2015, República Dominicana adoptó la Ley 10-15, que actualizaba el Código Procesal Penal vigente desde 2002. Sin embargo, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró esta ley inconstitucional por vulnerar principios constitucionales y por irregularidades en su aprobación. Como consecuencia, el TC otorgó un plazo de un año para que el Congreso elabore una nueva normativa que subsane estos fallos.
«Al término de este último plazo, la Ley 10-15 perderá automáticamente su vigencia y será excluida del ordenamiento jurídico, restableciéndose en su lugar la vigencia del régimen procesal penal prescrito en la Ley 76-02», establecieron los magistrados en su fallo del 6 de diciembre de 2024.
El riesgo de un retroceso legal
Si el Congreso Nacional no aprueba una nueva normativa antes de enero de 2026, el país volvería a aplicar el Código Procesal Penal de 2002, lo que significaría un retroceso de más de 20 años en el sistema judicial. Esto afectaría los procesos penales, ya que la Ley 76-02 no incluye las actualizaciones introducidas en la Ley 10-15.
Hasta ahora, los legisladores solo han logrado actualizar el Código Penal, que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026. Este código regula los delitos y sus sanciones, mientras que el Código Procesal Penal establece los procedimientos para aplicar esas sanciones. Sin una actualización de este último, el sistema judicial dominicano enfrentaría serios problemas operativos.
El estado de las negociaciones
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado lleva más de dos meses analizando un proyecto de ley que podría resolver los fallos constitucionales y evitar el retroceso al código de 2002. El senador Antonio Taveras, presidente de esta comisión, informó que están preparando un proyecto consensuado que será enviado a las instituciones vinculadas al sistema judicial para sus observaciones.
«Más o menos, en 15 días vamos a hacer un taller por si acaso tienen alguna opinión, pues vengan acá y nos pongamos de acuerdo…», declaró Taveras a los medios.
Las instituciones que podrán presentar sus observaciones incluyen:
- Ministerio Público.
- Defensor del Pueblo.
- Poder Judicial.
- Procuraduría General de la República (PGR).
- Fundación Justicia y Transparencia (Finjus).
- Participación Ciudadana (PC).
- Escuelas de Derecho de las principales universidades del país.
Proyectos de ley en discusión
La comisión estudia tres iniciativas presentadas por los senadores:
- Omar Fernández.
- Félix Bautista.
- Cristóbal Castillo.
- Antonio Taveras.
Estas propuestas han sido unificadas en un solo proyecto. Además, existe otra iniciativa en la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Rafa Castillo (vocero de la Fuerza del Pueblo), pero esta permanece estancada en la Comisión de Justicia desde el 6 de junio.
Un llamado a la acción urgente
El Congreso Nacional debe actuar con prontitud para evitar que República Dominicana retroceda a un marco legal obsoleto. La falta de una nueva normativa no solo afectaría la eficiencia del sistema judicial, sino que también podría generar incertidumbre jurídica y desprotección para los ciudadanos.
¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que el Congreso logrará aprobar una nueva normativa a tiempo para evitar el retroceso al Código Penal de 2002? ¡Comparte tu opinión!
