Un propietario del Residencial Despradel en La Vega interpuso una demanda civil contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, solicitando una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios sufridos tras la demolición de su apartamento. El abogado Domingo Reynoso fundamentó la acción en el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad de los funcionarios por actos lesivos.
La orden que desencadenó la controversia Según el abogado, la viceministra Ángela Jáquez atribuyó la orden de demolición directamente a Faride Raful, lo que refuerza la responsabilidad de la ministra. Reynoso afirmó que la actuación del Ministerio vulneró el derecho a la propiedad privada y que la Cámara Civil de La Vega ya está conociendo el caso.
Un caso con posibles réplicas Reynoso advirtió que otros propietarios afectados podrían sumarse a la demanda, ya que la demolición impactó a varias familias. El edificio fue derribado hace un mes, generando un debate sobre la legalidad de las intervenciones estatales en propiedades privadas.
¿Qué se espera del tribunal? El demandante busca no solo una compensación económica, sino también el reconocimiento de que la demolición se realizó sin el debido proceso. Reynoso enfatizó que este caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad del Estado en intervenciones urbanas.
Un llamado a la legalidad El abogado subrayó que el Estado debe actuar dentro del marco de la ley y respetar los derechos de los ciudadanos. “La justicia debe prevalecer para evitar que casos como este se repitan”, declaró.
