El Gobierno de Venezuela ha condenado enérgicamente el uso de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Estados Unidos, calificándola como «anacrónica e ilegal». Esta ley ha sido utilizada para expulsar a 238 miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua, quienes fueron enviados a la CECOT, una ‘supercárcel’ de máxima seguridad en El Salvador.
La Presidencia venezolana ha denunciado que esta ley «criminaliza de manera infame e injusta a la migración venezolana», comparando esta acción con episodios históricos oscuros como la esclavitud y los campos de concentración nazis. La ley, diseñada para tiempos de guerra, permite deportaciones inmediatas.
Venezuela ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos de los migrantes y denuncie esta acción ante el mundo.
El Gobierno venezolano también ha señalado a opositores como María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni y Leopoldo López, acusándolos de sugerir medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano y de organizar una red criminal de coyotes especializados en la migración ilegal a Estados Unidos.
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