Medio aplauso, medio reproche. La USA Rice celebró la derogación del Decreto 693-24 —la norma que permitía la entrada de arroz sin aranceles hasta 23,300 toneladas en República Dominicana desde finales de 2024—, pero advirtió que la victoria es parcial: las licencias de importación dominicanas siguen limitando el acceso pleno del cereal estadounidense al mercado local. En un comunicado emitido tres días después del anuncio del Gobierno, la directora del Comercio Internacional de la federación, Karah Janevicius, aplaudió «el importante progreso logrado por la administración Trump para contrarrestar la flagrante violación del DR-Cafta» y reclamó que la traba de las licencias —calificadas de «restrictivas» y de mecanismo que «elude los compromisos» del tratado— se aborde en el acuerdo comercial recíproco que negocian ambos países.
«Confiamos en que un acuerdo comercial recíproco más amplio aborde el restrictivo régimen de licencias de importación de la República Dominicana como un problema sistémico para el comercio», agregó Janevicius, quien espera colaborar con la USTR y el FAS en esa meta, como ya trabajó con ambas entidades «para presionar a la República Dominicana a que derogue este decreto». La postura de Santo Domingo, expuesta por el presidente Luis Abinader en el Foro de Alimentación de la FAO en Roma, es de firmeza: la derogación no pone al país en vulnerabilidad, porque «todavía la República Dominicana tiene la potestad de permitir la importación o no por los recursos fito y zoosanitarios», y el arroz es un cultivo estratégico que sostiene a más de siete provincias y a más de 300,000 personas. Abinader añadió que las negociaciones del acuerdo recíproco apenas empiezan —ambas naciones «empezaron a cero» en aranceles— y que la meta dominicana es que EE. UU. elimine la tasa del 12.5% a sus productos, vigente desde julio pasado. Mientras tanto, los datos avalan el malestar estadounidense: las exportaciones de arroz a RD sumaron apenas 15,920 toneladas en 2025, y el USDA ya notificó que las ventas siguen sujetas a «licencias de importación discrecionales» del Ministerio de Agricultura dominicano, interpretado como una coincidencia con la queja arrocera.
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