La frase «hasta que la muerte los separe» no aplica cuando el matrimonio se pacta por papeles, y el caso descubierto en Puerto Rico lo confirma. Agentes federales arrestaron la semana pasada a Modestina Villanueva Javier, una dominicana, y a Erick Martínez Aulet, un estadounidense, tras concluir que su unión respondía a un esquema de fraude matrimonial destinado a conseguir ventajas migratorias.
El expediente revela que ambos enfrentan cargos federales por fraude matrimonial y conspiración, delitos que la fiscalía vincula a un plan deliberado para engañar a las autoridades migratorias estadounidenses mediante una relación conyugal sin sustento real.
HSI, la agencia a cargo de la investigación, fijó su posición sin ambigüedades: el matrimonio es un compromiso legal y personal para construir una vida en común, y cuando se finge para evadir las leyes de inmigración se transforma en un delito federal grave. El operativo en San Juan es parte de una campaña más amplia contra este tipo de esquemas.
Una advertencia para quienes buscan «el atajo»
El sistema legal estadounidense es claro en este terreno. Aunque casarse con un ciudadano permite solicitar ciertos beneficios migratorios, la unión no otorga por sí misma la residencia ni la ciudadanía: cada caso pasa por un escrutinio que detecta uniones no genuinas. Y la sanción por fingir es severa: hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares, conforme al Título 8, sección 1325(c), del Código de Estados Unidos.
La agencia federal subrayó que la investigación no concluye con estos arrestos. HSI mantiene abiertas las pesquisas contra redes y esquemas que buscan manipular los procedimientos migratorios, en defensa de la integridad del sistema de inmigración estadounidense.
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