Recibir una carta informativa del Departamento de Finanzas o aparecer en una lista pública de propiedades potencialmente sujetas a un impuesto no es suficiente para demandar a la ciudad de Nueva York. Con ese razonamiento, la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, Segundo Departamento, revocó el miércoles 4 de noviembre el fallo que un juez de Staten Island dictó en septiembre a favor de un grupo de propietarios y allanó el camino para que la administración del alcalde Zohran Mamdani continúe implementando el recargo a las segundas residencias de lujo.
Los demandantes argumentaban que la ciudad había notificado incorrectamente a posibles contribuyentes, incluso cuando algunos inmuebles eran sus viviendas principales, y objetaban la publicación de un registro de inmuebles afectados. Los magistrados concluyeron que no demostraron un daño concreto, pues tampoco acreditaron que la difusión de esos datos hubiera provocado acoso, fraude o algún otro perjuicio identificable.
La decisión es un avance importante para el gobierno municipal, que busca recaudar cientos de millones de dólares anuales con un gravamen dirigido a viviendas de alto valor que no constituyen la residencia principal de sus propietarios. La medida contempla exenciones para inmuebles que funcionan como hogar del dueño, de un inquilino o de ciertos familiares, por lo que la notificación no equivale a la obligación de pago.
Las tasas del recargo escalan según el tipo y valor de la propiedad. Las casas de entre 5 millones y menos de 15 millones de dólares pagan un 0.8 % del valor de mercado, porcentaje que sube a 1.3 % para las de mayor precio. En condominios y cooperativas, las tarifas comienzan en 4 % para unidades de entre 1 millón y menos de 3 millones de dólares y alcanzan 6.5 % cuando el valor llega a 5 millones o más.
Mamdani celebró el fallo y reafirmó su compromiso de seguir defendiendo la medida en los tribunales. Para el alcalde, el impuesto permitirá que quienes pueden permitirse una segunda vivienda de lujo contribuyan a financiar calles más seguras, parques más limpios y servicios públicos esenciales.
La incertidumbre financiera y jurídica, no obstante, persiste. El gobierno municipal proyecta unos 500 millones de dólares anuales, mientras el contralor Mark Levine estimó hasta 380 millones a partir de unas 11,200 propiedades, y el Departamento de Finanzas ya concedió más de 8,800 exenciones, lo que evidencia la dificultad de identificar con precisión cuáles inmuebles deben pagar. Randy Mastro, abogado de los demandantes, cuestionó que la corte resolviera por motivos procesales sin examinar el fondo de sus argumentos, y el impuesto aún enfrenta tres impugnaciones, entre ellas la demanda de constitucionalidad presentada por Steve Wynn y Wilbur Ross, que alega discriminación contra los propietarios que no residen permanentemente en Nueva York.