«En este preciso momento, son los estudiantes quienes nos están llevando a la acción». La frase de Rachel O’Leary Carmona, directora ejecutiva de la Marcha de las Mujeres, resume el espíritu de la jornada de este jueves, cuando sobrevivientes de abuso sexual, estudiantes y activistas de más de 40 estados saldrán a marchar bajo la consigna «#AltoALaViolenciaSexual: De la fraternidad a la Casa Blanca, Día Nacional de Acción». Se prevé que los estudiantes suspendan su asistencia a clases en más de 50 campus, en lo que se perfila como una de las mayores movilizaciones contra la violencia sexual en la historia reciente de los campus estadounidenses.
El detonante es el manejo del caso de una exestudiante de la Universidad de Cornell identificada como Jane Doe, quien presentó el 16 de septiembre una demanda civil en la que alega haber sido drogada y violada por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi en la madrugada del 19 al 20 de octubre de 2024, durante una agresión de varias horas en la que estuvo bajo los efectos de ketamina, alcohol y marihuana. La joven sostiene que su caso fue archivado sin ser investigado debidamente, y su abogado, Thomas Giuffra, ha denunciado que la policía del campus le hizo creer que la investigación criminal seguía abierta cuando no era así.
La indignación creció en los últimos días con revelaciones sobre mensajes internos de la fraternidad —incluidos chats de Snapchat descritos por testigos como operaciones de «control de daños»— y la difusión de una grabación de una conversación entre la demandante y uno de los acusados. A ello se suma que Jane Doe y su abogado han recibido amenazas de muerte desde que se hizo pública la demanda, mientras más de mil mujeres le han escrito para compartir su solidaridad y sus propias historias de agresión.
Las protestas de este jueves incluirán concentraciones en Foley Square (Nueva York), Ithaca, Washington D.C., Filadelfia, Los Ángeles, Seattle, Baltimore y Boston. En la capital, la cita frente al Monumento a la Casa Blanca incluirá testimonios sobre las acusaciones contra Donald Trump y Jeffrey Epstein, ampliando el foco hacia los sistemas de poder.
Ante la presión, la gobernadora Kathy Hochul designó a la fiscal general Letitia James como fiscal especial del caso, y Cornell contrató a la exfiscal general interina Sally Yates para una revisión independiente que examinará desde los procesos disciplinarios hasta la supervisión de fraternidades. «No permitiremos que estos sistemas sigan haciéndonos daño», advirtió Ky Polanco, cofundadora de FEMINIST: «no nos detendremos hasta que cada sobreviviente reciba la justicia y la rendición de cuentas que merece».
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