El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:04 de la tarde del jueves 8 de octubre, cerca de 2 Marble Hill Avenue, cuando Belgal estacionaba su vehículo junto a una hidrante y dos agentes federales vestidos de civil —chalecos de construcción y cubrebocas que ocultaban sus rostros— se acercaron con armas desenfundadas. Según la versión policial, el auto avanzó y al menos un agente disparó siete veces; una bala entró por el parabrisas, atravesó el cuello del conductor debajo de la oreja izquierda y salió por la luneta trasera. El DHS sostiene que Belgal «embistió» los vehículos de ICE; Mullin defendió a los agentes alegando que no sabían que había un niño en el auto y que el conductor usó su vehículo «como un arma».
En medio del choque de versiones —el propio DHS no ha explicado qué motivó los disparos ni si Belgal estaba armado—, un Estado serio hace esto en las primeras seis horas:
Primero, nota diplomática de protesta por uso desproporcionado de la fuerza, invocando la obligación de notificación consular inmediata. Segundo, envío de un cónsul adjunto y un abogado al hospital donde está Oscar, para verificar su estado de salud y garantizar que no sea interrogado sin representación. Tercero, protección al menor: el niño de 5 años, presuntamente su hijo, es víctima y testigo. ¿Quién lo está protegiendo psicológicamente? ¿Dónde está el protocolo consular para menores? Cuarto, solicitud formal de investigación independiente al DHS y preservación de los videos de cámaras corporales —la gobernadora Kathy Hochul ya exigió la liberación de las grabaciones—. Quinto, comunicación a la diáspora: instrucciones claras de qué hacer si ICE los detiene, a qué número llamar 24/7.
Nada de eso se hizo. Y la diáspora lo ve.
Señor cónsul Jesús Vásquez Martínez, señor embajador en Washington: ustedes no fueron nombrados para administrar una oficina de recaudación. La Cuenta Única del Tesoro puede esperar. Un dominicano baleado no.
Si el miedo es no incomodar a Washington por el tema migratorio, entonces no entendieron el cargo. La relación con Estados Unidos no se daña por defender a un ciudadano. Se daña por no defenderlo y quedar como un gobierno arrodillado. El FBI y el HSI investigan el caso, el DHS tomó control de la indagatoria y la administración Trump ya anunció que no pausará los operativos en Nueva York. La respuesta dominicana oficial, mientras tanto: silencio.
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