viernes 17 de mayo de 2024 21:02 pm

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El plan de gastos e inversiones para el próximo año fiscal de US$237 mil millones inyecta grandes fondos a programas de viviendas y de salud. Critican que quedó nuevamente por fuera la ley ‘Cobertura para todos.

Si se podría resumir en pocas palabras cómo el estado de Nueva York invertirá los $237 mil millones de sus ingresos fiscales del 2025, se pondrá en primer lugar en la pirámide de inversiones, un plan de construcción y creación de viviendas asequibles, luego un “arsenal” de fondos para luchar contra la criminalidad. En tercer lugar, se dispone de una cantidad de dinero, sin precedentes, contra la epidemia de salud mental y un incremento en recursos para los hospitales y las escuelas.

En una primera mirada, como es predecible ante cualquier estructura presupuestaria, algunos aplauden y otros se sienten defraudados.

En general, líderes electos y organizaciones comunitarias aducen que los planes para sacar a Nueva York del abismo, por la falta de vivienda asequible, “se quedaron cortos”. Pero ponderan que se dieron algunos pasos, con ciertas protecciones contra los desalojos y los aumentos exorbitantes de la renta.

“Estamos implementando una agenda de sentido común que hace que Nueva York sea más segura y más asequible. Prometí luchar por los neoyorquinos y abordar los temas espinosos, y eso es exactamente lo que hemos hecho”, puntualizó la gobernadora Kathy Hochul, al anunciar la aprobación por parte de la Legislatura Estatal del proyecto de presupuesto, luego de varias semanas de forcejeo con asambleístas y senadores de la mayoría demócrata.

La agenda de vivienda de la mandataria estatal incluye un plan para construir más viviendas en la ciudad de Nueva York, a través del establecimiento de incentivos fiscales a las grandes constructoras para proyectos que ya están en trámite. Y cambiar las leyes para convertir el espacio de oficinas no utilizado, en viviendas asequibles.

También Hochul hace referencia a lo que clasificó como “protecciones históricas para inquilinos y propietarios de viviendas”, medidas contra el aumento abusivo de los precios de la renta y acciones más fuertes contra los desalojos.

En esta misma dirección, se confirman nuevas políticas para evitar la discriminación en materia de vivienda, contra los beneficiarios de vales de la Sección 8 y los proveedores de viviendas asequibles.

El presupuesto también crea protecciones para los propietarios de viviendas, incluidos “escudos” contra el robo de títulos residenciales y comerciales.

Por una buena causa…a medias

El plan de cómo y dónde se invertirán los ingresos fiscales del estado en 2025, recién aprobado este fin de semana, ha incluido un esquema de protecciones para los inquilinos, al prohibir los desalojos de una vivienda o la negativa a renovar un contrato de arrendamiento, a menos que exista una gran razón de peso.

Aunque no fue aprobada la legislación “Por una Buena Causa”, en los términos en los cuales, legisladores la habían peleado por años. Se considera un primer paso en la ruta a protecciones más rígidas.

En este sentido, la senadora Julia Salazar una de las patrocinantes de este proyecto de ley, aclaró a medios locales, que aunque no se aprobó la ley original, “es la primera vez que vemos regulaciones a favor de los inquilinos de unidades de libre mercado en la ciudad de Nueva York”.

La norma cuyos detalles técnicos serán conocidos en las próximas semanas, entrará en vigencia en la Gran Manzana. Y podría ser una opción en el resto de los condados.

De manera general, se establece que las causas por las cuales un ‘landlord’ puede exigir el desalojo o no hacer una renovación del contrato, serían por la morosidad de su inquilino en el pago del alquiler o si se descubren actividades ilegales dentro de la unidad residencial.

Los propietarios también pueden desalojar a un inquilino, si planean entregar la unidad a un miembro de la familia o demoler el edificio.

A la par, se permitirá a los inquilinos impugnar los aumentos de alquiler superiores al 10%, o al 5% más el índice de precios al consumidor.

Hay excepciones

También se incluyen una serie de excepciones, a favor de los propietarios que tengan 10 o menos unidades en alquiler, a los cuales se les exime de estas reglas. Se ofrece una exención de 30 años para edificios abiertos desde principios de 2009.

La medida requerirá que los propietarios revelen en los contratos de arrendamiento, si los inquilinos califican para este tipo de protecciones, dentro del paraguas de una “buena causa”.

Los propietarios pueden negarse a renovar un contrato de arrendamiento o desalojar a un inquilino por diversas razones, incluso si la unidad está cubierta por la ley de buena causa.

Si el arrendatario infringe la ley, o viola una “obligación sustancial de su contrato” y no la corrige dentro de los 10 días posteriores a la notificación por escrito, aún puede ser desalojado.

El proyecto de ley original, patrocinado por Julia Salazar y la asambleísta Pamela Hunter, habría protegido a muchos más inquilinos: La medida habría permitido a quienes rentan, impugnar los aumentos de alquiler superiores al 3% o 1,5 veces el índice de precios al consumidor, el que fuera mayor. Por ende, habría cubierto todos los apartamentos, excepto aquellos en edificios ocupados por sus propietarios con menos de cuatro unidades

El contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander dijo que era posible un mejor acuerdo de vivienda: uno que construyera más viviendas en todo el estado y protegiera genuinamente a los inquilinos del desalojo, sin una buena causa.

“Este acuerdo se queda corto, en varios frentes”, remató.

Para la familia trabajadora

El presupuesto de la gobernadora Hochul, para el venidero año fiscal, proporciona una financiación que portavoces estatales califican como “récord”, para mantener saludables a los neoyorquinos y, al mismo tiempo, establece una base fiscal sostenible a largo plazo para el programa Medicaid.

Se contemplan $37 mil millones en Medicaid, para mantener el compromiso de apoyo a la red de seguridad de atención médica.

Hochul promueve en su plan de inversiones, mejorar los resultados de la atención de salud materna e infantil: Nueva York se convertirá en el primer estado del país en ampliar el acceso a la atención prenatal para mujeres embarazadas, al otorgar hasta 20 horas de licencia para que las empleadas elegibles asistan a sus citas, sin afectar las doce semanas existentes de licencia familiar remunerada.

Próximamente, se conocerá de una legislación para proteger a los neoyorquinos de bajos ingresos de demandas por deudas médicas, al prohibir a los hospitales demandar a pacientes que ganan menos del 400 por ciento del nivel federal de pobreza, o $120,000 para una familia de cuatro integrantes.

La legislación también ampliaría los programas de asistencia financiera hospitalaria para neoyorquinos de bajos ingresos, limitaría el tamaño de los pagos mensuales y los intereses cobrados por la deuda médica e implementaría otras protecciones para mejorar el acceso a la asistencia financiera y mitigar los efectos nocivos de una factura médica en los neoyorquinos.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Estatal, Carl Heastie valoró que se consolidó un plan de gastos que pone primero a los más vulnerables, a la familia trabajadora y a los nuevos padres.

El presupuesto incluye $350 millones para aliviar la carga fiscal de las familias a través del Crédito Suplementario para Niños Empire State.

“La legislatura incluyó un aumento salarial del 1.7% además de un ajuste por costo de vida (COLA) del 1.5% propuesto por el ejecutivo para el personal de apoyo, el personal clínico y el personal administrativo no ejecutivo de las agencias de Servicios Humanos. Esto incluiría la Oficina de Salud Mental (OMH), la Oficina de Servicios y Apoyo a las Adicciones (OASAS), la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD), la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA), la Oficina Estatal para las Personas Mayores y el cuidado de crianza, proveedores y padres adoptivos”, puntualizó Heastie en un comunicado.

Sin ‘Cobertura para Todos’

A pesar de los miles de millones de dólares que van dirigidos al sector salud, el senador de El Bronx Gustavo Rivera lamentó que nuevamente se quedaron esperando la aprobación de la ley ‘Cobertura para Todos’, que hubiese garantizado un seguro de salud a todos los neoyorquinos independientemente de su estatus legal.

“Las fallas de este presupuesto están en gran medida en lo que no se incluyó. Es injustificable que mi propuesta de ‘Cobertura Para Todos’, haya sido excluida y que hayamos dejado cientos de millones de dólares y ahorros fuera de la mesa. Si bien estamos ampliando el Plan Esencial para incluir a los dreamers, debemos hacer más para llevar fondos a las instituciones de la red de seguridad”, cuestionó el legislador puertorriqueño.

El razonamiento de Rivera es que a diferencia del comienzo del mandato de Hochul, las propuestas de presupuesto de salud de este año, fueron “una explosión del pasado” y no lograron sostener las inversiones para estabilizar el sistema de salud.

“Estoy consternado de que el Ejecutivo no estuviera dispuesto a hacer más para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de los proveedores de atención médica, que atienden a los más vulnerables. Si bien aumentamos con razón las tarifas de Medicaid para nuestros hospitales, hogares de ancianos y centros de vida asistida, necesitábamos más para los servicios de salud en todos los ámbitos”, concluyó.

7 inversiones clave en el Presupuesto 2025:

$237 mil millones será lo que se invertirá en los neoyorquinos en el próximo año fiscal, lo cual no incluye aumentos de los impuestos sobre la renta, ni el impuesto estatal a las empresas.

$1,3 mil millones es la cantidad que aumenta la ayuda a las escuelas públicas, lo que cual implica un monto total de $36 mil millones que en parte será utilizado para nivelar a los niños en la ciencia de la lecto-escritura.

$35,5 mil millones en Medicaid para apoyar el sistema de atención médica de Nueva York

$36 millones para apoyar la atención del aborto.

$550 millones anuales para apoyar la transformación de los hospitales de la red de seguridad de Nueva York.

$35 millones para proteger lugares de culto y ampliar los delitos elegibles para enjuiciamiento de crímenes de odio.

$20 millones para aumentar las clínicas satélites de salud mental en las escuelas en todo el estado.

Por Fernando Martínez

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