La oficina del Contralor Municipal, Brad Lander, señaló que si Albany da vía libre a la normativa, que sellaría automáticamente el pasado judicial de quienes son elegibles, medio millón de personas podrían generar sueldos conjuntos superiores a los $2,400 millones de dólares.
Uno de los principales problemas a los que se ven enfrentados miles de neoyorquinos que han estado presos, o han sido condenados en el pasado, es el estigma con el que la sociedad los marca por haber estado en prisión o dentro del sistema de justicia criminal.
Así lo denuncian exreclusos como Héctor López, quien estuvo privado de la libertad durante cinco años, y quien afirma sentir a diario en los dos años que lleva libre, “pesados grilletes”, que le han impedido conseguir un buenos empleo, pues en los trabajos a los que ha aplicado, debe revelar su historial judicial o someterse a una verificación de antecedentes, lo que le reduce considerablemente las opciones de ser contratado.
Y justo cuando en Albany se están discutiendo urgentes iniciativas de ley, antes de que termine la actual sesión legislativa el 8 de junio, un reporte de la oficina del Contralor Municipal, Brad Lander, reveló que si aprueban la llamada ley de “Borrón y cuenta nueva”, que busca sellar automáticamente antecedentes penales para quienes sean elegibles, cuando cumplan sus penas, esto cambiaría la vida de por lo menos medio millón de neoyorquinos, mayormente negros y latinos cuando la tasa de desempleo del primer trimestre de 2023 en la ciudad para afroamericanos fue del 12,5% y del 6,1% para hispanos, muy por encima del 5,4% del total de la población. Se estima que en general, incluyendo a aquellos que cumplieron sus condenas y que ya no están en edad laboral, la legislación pudiera impactar a entre 2.3 y 2.7 millones de personas, a nivel estatal.
Lander destacó que el estudio adelantado por su oficina mostró que los beneficiados con esa movida, podrían ganar de manera colectiva más de $2,400 millones de dólares en salarios anuales y urgió al Gobierno estatal de Nueva York a que no ignore esos datos y las disparidades que hay entre minorías con el resto de la población.
“Si una persona cometió un delito y cumplió su condena, su historial pasado no debe convertirse en una barrera para obtener un trabajo, un título o una vivienda”, aseguró el Contralor de la Ciudad de Nueva York, quien se refirió a la ley como una herramienta para combatir inequidades que pululan en la Gran Manzana y al mismo tiempo para impulsar la economía.
“La aprobación de la Ley de Borrón y cuenta nueva cerraría la brecha de empleo para las comunidades de color de la ciudad de Nueva York y, a su vez, medio millón de neoyorquinos contribuiría al panorama económico de nuestra ciudad”, dijo Lander, destacando que Latinos y negros son los más afectados con su paso por el sistema penal. “Obtener empleo es una forma comprobada de detener la puerta giratoria de nuestro sistema carcelario y avanzar hacia un sistema de verdadera justicia y libertad económica”.
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