El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que comenzó en la madrugada de este miércoles, no ha sido una sorpresa para nadie. Desde hace semanas, el presidente Donald Trump venía advirtiendo que, si los demócratas no aceptaban sus demandas de recortes presupuestarios, estaba dispuesto a dejar que el Gobierno se quedara sin fondos. Ahora, con el «shutdown» en pleno efecto, Trump no solo no parece arrepentido, sino que lo presenta como una oportunidad para redefinir el Estado. «Es hora de eliminar el despilfarro», declaró el presidente, quien ve en esta crisis una palanca para forzar cambios profundos en la administración pública.
El cierre ha dejado sin operaciones a agencias clave y ha suspendido los salarios de 750,000 empleados federales. Entre los servicios afectados están los parques nacionales, que han cerrado sus puertas a los turistas; el procesamiento de pasaportes, que se ha ralentizado; y programas de asistencia social, que podrían ver reducidos sus beneficios si la paralización se prolonga. Trump, sin embargo, minimiza el impacto. «Muchos de estos empleados ni siquiera se darán cuenta de que están de vacaciones», declaró, generando malestar entre los trabajadores que dependen de sus salarios para vivir.
Lo que Trump busca con este cierre es claro: presionar a los demócratas para que acepten recortes en áreas que considera burocráticas e ineficientes. Entre sus objetivos están los programas de bienestar social, que ha calificado de «trampas para la pereza»; las agencias ambientales, como la EPA, que ha criticado por «frenar el progreso»; y las subvenciones a organizaciones internacionales, que ha tachado de «despilfarro global». «El presidente cree que este es el momento de redefinir el Estado», declaró un asesor de la Casa Blanca. «Si los demócratas no ceden, él está dispuesto a mantener el cierre hasta que se eliminen los programas que considera un lastre».
Las reacciones al cierre han sido divididas. Los republicanos, liderados por Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes, han respaldado la estrategia de Trump, argumentando que es necesario recortar el gasto público. «Es hora de poner fin al despilfarro», declaró McCarthy, quien ha instado a los demócratas a negociar. Por el contrario, los demócratas, con Nancy Pelosi a la cabeza, han acusado al presidente de usar a los trabajadores federales como rehenes. «Trump está jugando con el sustento de miles de familias», denunció Pelosi, quien advirtió que el cierre podría prolongarse si no hay un acuerdo.
Mientras la clase política discute, son los ciudadanos comunes los que sufren las consecuencias. Lisa Martínez, empleada del Departamento de Educación, se pregunta cómo pagará sus cuentas sin su salario. Marcus Johnson, guardaparques en Yellowstone, trabaja sin cobrar y teme no poder pagar su alquiler. Ana Rodríguez, analista en la EPA, nunca pensó que sería tratada como un peón político después de una década de servicio. «No somos peones en un juego político», declaró Everett Kelley, presidente de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales. «Muchos de nosotros vivimos al día. Un cierre prolongado nos arruinará».
Los expertos advierten que un cierre prolongado podría tener consecuencias económicas graves. Según Goldman Sachs, un cierre de más de dos semanas podría reducir el crecimiento del PIB en un 0.2%. «El presidente está jugando con fuego», advirtió Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. «Un cierre prolongado no solo afecta a los empleados, sino a la confianza de los mercados». En la Bolsa de Nueva York, los índices ya mostraron señales de volatilidad en las primeras horas del cierre.
En el Capitolio, las negociaciones siguen estancadas. Los demócratas se niegan a aceptar recortes en programas sociales y ambientales, mientras que los republicanos insisten en que es el momento de reducir el gasto público. «Esto podría durar semanas», advirtió un asesor demócrata. «Trump no va a ceder, y nosotros tampoco». Mientras tanto, en las calles de Washington y en todo el país, los empleados federales y los ciudadanos que dependen de los servicios públicos se enfrentan a la incertidumbre de no saber cuándo terminará esta crisis.