La Cámara de Diputados de Paraguay responsabilizó este jueves a Santiago Peña de «un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones» y aprobó someterlo a un juicio político, pese a que el mandatario había renunciado a la Presidencia horas antes, en medio de la crisis bancaria que estalló tras la intervención de Ueno bank.
De los 78 legisladores presentes en la sesión, que se extendió por casi dos horas, salió la acusación contra Peña, cuyo expediente fue remitido al Senado para que la cámara alta decida sobre el proceso en contra del ya exgobernante.
La crisis que terminó con su renuncia comenzó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, entidad privada que ha sido vinculada a Peña y que durante su gestión recibió millonarios depósitos de instituciones públicas. El regulador detectó que el índice de solvencia del banco, con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, cayó por debajo del 50 % del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
Peña anunció su decisión mientras se realizaba la sesión en la Cámara baja. A través de un video difundido en X, el mandatario declaró que renunciaba «pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», y afirmó que «ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay».
En su intervención, el expresidente ofreció disculpas al pueblo, aunque evitó asumir la responsabilidad por la crisis bancaria. «Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí», expresó.
El debate parlamentario estuvo marcado por la dureza de los reclamos contra el saliente mandatario, a quien los legisladores atribuyen el «escándalo internacional» desatado con la intervención del banco, cuyo cierre congeló los fondos de miles de clientes. El diputado Carlos Pereira llamó a la ciudadanía a seguir presionando para que «los culpables» de la caída de la entidad «paguen» con cárcel, en alusión a Peña, y la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, lo acusó de haber creado «un esquema» para habilitar a las instituciones públicas a trasladar sus fondos a Ueno.