El presidente Donald Trump anunció que, a partir del 1 de febrero, su gobierno dejará de transferir fondos federales a las ciudades santuario, incluyendo Nueva York, acusándolas de proteger a delincuentes en lugar de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La medida, que afectaría programas sociales, educativos y de vivienda, ha desencadenado una respuesta contundente de líderes políticos y activistas, quienes ya preparan una batalla legal para defender estos recursos. Según la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), esta decisión afectaría gravemente a las familias trabajadoras, niños y ancianos, que dependen de estos fondos para acceder a servicios básicos.
Murad Awawdeh, director de la NYIC, criticó la medida como una violación de la Décima Enmienda, que protege la autonomía de los estados y ciudades frente a intervenciones federales. «Esperamos que nuestras autoridades desafíen esta amenaza en los tribunales», declaró, argumentando que los fondos ya fueron aprobados por el Congreso y no pueden ser retenidos sin justificación. Según datos oficiales, Nueva York recibió $9,600 millones en fondos federales en 2025, equivalentes al 8.3% del presupuesto municipal, con un impacto directo en áreas como educación, servicios sociales y vivienda.
El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul rechazaron la medida, asegurando que Nueva York no permitirá que se retengan fondos esenciales para sus ciudadanos. «Nos veremos en los tribunales», advirtió Hochul, mientras Mamdani reafirmó que la ciudad defenderá sus derechos y continuará protegiendo a los más vulnerables. La decisión de Trump se enmarca en su orden ejecutiva de abril de 2025, que busca obligar a las ciudades santuario a cooperar con el Servicio de Inmigración (ICE), bajo amenaza de perder financiamiento federal.
Nueva York tiene antecedentes legales a su favor: en agosto de 2025, un juez federal en San Francisco bloqueó un intento similar de retener fondos a ciudades como Boston y Chicago, y el 9 de enero de 2026, otro juez en Nueva York frenó la suspensión de subsidios para programas de cuidado infantil. Estos fallos respaldan la posición de la ciudad, que argumenta que los fondos ya están asignados y no pueden ser retenidos sin violar la ley. La batalla legal que se avecina podría definir el futuro de las ciudades santuario en Estados Unidos.