Portavoces de organizaciones comunitarias creen que se trata de una “buena intención”, pero que la solicitud puede caer en “saco roto” ante las proporciones gigantescas de esta crisis migratoria. Indocumentados de larga data comentan que es tiempo de presionar por un camino a la ciudadanía.
El alcalde Eric Adams elevó su voz nuevamente este lunes para ratificar que la crisis migratoria tiene con el “agua al cuello” a la Ciudad de Nueva York, exigiendo por enésima vez al gobierno federal no solo auxilio financiero, sino que agilice las autorizaciones de empleo, destrabe el sistema de regulación migratoria y extienda los plazos del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para proteger a miles de recién llegados.
La solicitud del mandatario municipal no es nueva. Pero esta vez recibió el refuerzo de la gobernadora Kathy Hochul.
Este manifiesto en conjunto se da en un momento en que una nueva oleada migratoria rebasó por completo la capacidad de la municipalidad para dar refugio a miles de solicitantes de asilo.
“Esto es insostenible. No hay más espacios. Tenemos más de un año enfrentando esta crisis humanitaria con compasión y responsabilidad. Pero debo ser honesto. Ya solo no podemos. Ya estamos en el punto de cortar servicios esenciales para los neoyorquinos”, aseveró Adams.
Desde la primavera pasada, la Gran Manzana ha recibido a 70,000 solicitantes de asilo que han llegado a la ciudad hasta ahora, de los cuales más del 50% todavía se encuentra en el sistema de refugios y hoteles rentados para atender la emergencia.
Esta situación se desbordó con los 5,800 nuevos inmigrantes que llegaron la semana pasada tras el fin de la medida fronteriza denominada “Título 42”, el pasado 11 de mayo.
¿Qué están pidiendo?
En concreto, ambos mandatarios neoyorquinos sugieren a la Casa Blanca que amplíe y extienda el acceso a la libertad condicional humanitaria para los solicitantes de asilo que ya están en el país. En adición, piden que se aumente la cantidad de funcionarios en el sistema de migración para agilizar las solicitudes de asilo.
“Hacemos un llamado al gobierno federal y al Departamento de Seguridad Nacional que haga lo necesario para que nuestros inmigrantes más nuevos puedan trabajar legalmente”, exhortó Adams.
La visión expuesta por el mandatario implica que estas medidas avancen por una “acción directa presidencial”, tras acusar al Partido Republicano de poner trabas a cualquier reforma migratoria.
Además, el Alcalde sugirió que se redesigne y extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) para otros países, lo cual sería una forma más rápida de que miles de personas que acaban de cruzar la frontera puedan tramitar autorizaciones para trabajar.
Actualmente este programa existe para inmigrantes de 16 países, incluidos Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, Ucrania y Afganistán.
Sin embargo, para este programa de alivio migratorio solo aplican quienes arribaron al país durante plazos determinados.
En el caso de los venezolanos, (que significa el grupo de latinoamericanos que mayoritariamente ocupan los refugios) se les requiere haber residido continuamente en el país desde el 8 de marzo de 2021, para poder aplicar al TPS.
“Se está creando un mercado clandestino donde las personas podrían ser explotadas, incapaces de pagar sus impuestos, trabajando en jornadas largas y viviendo a la sombra del sueño americano. Con todo el riesgo de que puedan ser abusados”, remarcó el Alcalde.
“Hay trabajo para ellos”
Por su parte, la gobernadora Hochul también exigió a la Administración de Joe Biden que busque vías para hacer cambios en las políticas que permita a los solicitantes de asilo tener un permiso de trabajo de una forma más acelerada.
“En este momento una persona que ha solicitado formalmente un asilo debe esperar 180 días para solicitar un permiso de trabajo y quizás años para obtener un estatus legal. Es momento de que esto se haga de manera más acelerada. La gente ya vive aquí. Están desesperados por trabajar”, puntualizó la mandataria.
NYC no puede más
Mientras tanto, Adams reclamó nuevamente que la ayuda federal proporcionada por la administración de Biden ha significado muy poco para lo que ha tenido que enfrentar presupuestariamente las arcas de la ciudad de Nueva York.
“Hemos gastado más de $1,000 millones. Se proyecta que gastaremos cerca de $4,300 millones. Cuando miras que hemos recibido apenas $30 millones, es absolutamente insignificante ante lo que estamos cubriendo nosotros por un problema nacional”, acotó.
La Oficina del Alcalde detalló a medios locales que a la fecha la ciudad está utilizando más de 150 hoteles para albergar a más de 40,000 solicitantes de asilo. Eso es más del 40 por ciento de los hoteles con 51 y 200 unidades.
Del deseo a la realidad
Mientras la crisis migratoria en la Gran Manzana sigue adquiriendo dimensiones gigantescas, en las últimas semanas la Ciudad ha vivido la “agonía” de buscar espacios que funcionen como refugios temporales. Hasta ahora, sin éxito.
La idea de ocupar gimnasios de escuelas públicas fue repelida por comunidades de padres y representantes. Líderes de otros condados del norte del estado, también se negaron a recibir a los recién llegados.
La propuesta de este lunes de la alianza Adams-Hochul, para exigir políticas que agilicen los permisos de trabajo, entra también en un terreno muy complicado.
De acuerdo con consultas de El Diario con portavoces de organizaciones como Caridades Católicas, Por Amor a Venezuela y Venezuela Diversa hay coincidencia en advertir que las solicitudes de asilo político por definición son procesos muy complicados y lentos.
En muchos casos, centenares de personas que llegaron hace más un año y no enviaron su solicitud formal, ya en teoría pierden el derecho de hacer este trámite.
Además, líderes comunitarios destacan que gran parte de los inmigrantes llegaron con ideas equivocadas de las razones específicas por las cuales pueden ser beneficiarias de la figura de un asilo político en el país. Pues deben tener evidencias muy claras de que han sido objetos de persecución.
“Hay una buena intención en esta solicitud del alcalde y la gobernadora. Lamentablemente es probable que en los hechos caiga en un saco roto. La realidad es que hay un gran retardo procesal en los casos de migración. No hay indicios que en el Congreso se pueda avanzar en reformas migratorias. Y peor aún, muchos de nuestros inmigrantes están en lista de espera de hasta seis meses para poder ser escuchados por un abogado pro-bono“, ponderó Jonatan Matheus de la organización Venezuela Diversa.
A juicio del activista, Jesús Aguias, de la organización Aid for Life, los “más factible” y ágil para sacar de las sombras de la ilegalidad a miles de inmigrantes, sería una extensión del programa del Estatus de Protección Temporal (TPS). En el caso de Latinoamérica, lo ideal es que la orden ejecutiva abarque a más venezolanos y nicaragüenses. Y alcance a cubanos y ecuatorianos.
“Nueva York es la única ciudad que está garantizando albergues y hasta ahora ha enfrentado esta dinámica sola. El único desafío no es descongestionar el sistema de albergues luego que las personas consigan trabajo, sino garantizar la integración a una ciudad en donde hay graves problemas de acceso a viviendas”, indicó.
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