La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Verdad entregaron este lunes a la Procuraduría General de la República un expediente de 40 páginas que contiene pruebas de irregularidades, manipulación de pruebas y posible encubrimiento en la investigación de la explosión de San Cristóbal en agosto de 2023. El siniestro, que dejó 47 muertos y 12 desaparecidos, sigue sin resolverse, mientras las víctimas y sus familiares exigen justicia y transparencia.
El documento presenta un análisis crítico del Informe Final de Investigación Científica, emitido por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal en agosto de 2023. Sin embargo, una certificación de junio de 2025, firmada por la plana mayor de la institución, desconoce la autoría del informe, lo que sugiere un intento de falsificación o encubrimiento. Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, afirmó que este hallazgo es una prueba contundente de las irregularidades que han marcado el proceso desde el inicio.
Otro aspecto grave es la destrucción de la escena del crimen, donde los restos y evidencias fueron llevados al vertedero municipal, impidiendo la recolección adecuada de pruebas forenses. Esto no solo violó los protocolos, sino que también afectó la dignidad de las víctimas, cuyas familias aún buscan respuestas. El expediente también menciona un incendio previo en Vidal Plast, ocurrido en marzo de 2023, causado por el químico Autofina-Luporox a 70s, un compuesto de alto riesgo. A pesar de este incidente, no se adoptaron medidas preventivas, lo que podría haber contribuido a la tragedia.
Los familiares y la CNDH-RD exigen que la Procuraduría General reabra el caso con un equipo independiente, sancione a los responsables de las irregularidades y garantice un proceso transparente. La comunidad, mientras tanto, sigue pidiendo justicia y rechazando la impunidad que parece proteger a los involucrados en este doloroso episodio.
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