La Fuerza del Pueblo (FP) lanzó este lunes un fuerte llamado de atención al gobierno de Luis Abinader, exigiendo la suspensión inmediata de la licitación del Monorriel de Santo Domingo, un proyecto que, según sus análisis, adolece de irregularidades legales, falta de transparencia y costos inflados que lo hacen inviable desde el punto de vista técnico y financiero. La denuncia, presentada en una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, no solo cuestiona la legalidad del proceso, sino que también advierte sobre los riesgos de saturar el sistema de transporte con una infraestructura de menor capacidad que el Metro, pero con costos superiores.
El ingeniero César Fernández, portavoz de la Comisión de Infraestructura de la FP, fue categórico al señalar que el proceso de licitación FITRAM-CCC-LP-2025-0001 viola los principios de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, especialmente en lo que respecta a transparencia, igualdad y libre competencia. «No nos oponemos a la ampliación del transporte público, pero este proyecto no cumple con los estándares mínimos de viabilidad», afirmó Fernández, quien advirtió que el modelo propuesto compromete la sostenibilidad financiera del sistema y podría generar un endeudamiento oculto para el Estado dominicano.
Uno de los puntos más críticos señalados por los técnicos de la FP es la capacidad operativa del monorriel, que, con un máximo de 20,000 pasajeros por hora/sentido, queda muy por debajo de los 27,000 que ya transporta el Metro de Santo Domingo. «Escoger un sistema de menor capacidad en un corredor de alta demanda es condenar al fracaso al proyecto desde su inicio», explicó Fernández, quien también alertó sobre los riesgos de saturación temprana y el aumento de los tiempos de espera en horas pico. Además, el diseño 100% elevado y la tecnología propietaria del monorriel limitan su escalabilidad e integración con el sistema existente, lo que encarecería su operación y mantenimiento a largo plazo.
El ingeniero Jeffrey Infante, también miembro de la comisión, presentó un análisis comparativo que revela que el costo por kilómetro del monorriel supera al del Metro, a pesar de ofrecer una menor capacidad de transporte. Según Infante, la combinación de viaductos continuos, aparatos de vía especiales y material rodante no estandarizado eleva la inversión inicial y los costos de mantenimiento, lo que se traduce en un desperdicio de recursos públicos. «No hay ahorro fiscal: se paga más por transportar menos», resumió el especialista, quien también advirtió sobre los mayores gastos operativos derivados del consumo energético, el mantenimiento de estructuras elevadas y la logística de rescate en caso de emergencias.
El diputado Tobías Crespo profundizó en otro de los puntos más preocupantes: la opacidad del fideicomiso FITRAM, que opera con escaso control parlamentario y sin auditorías externas publicadas. Crespo exigió la divulgación inmediata del contrato de fideicomiso, los estados financieros y la matriz de riesgos, para evitar un posible endeudamiento encubierto o compromisos fiscales no autorizados. «El país no puede comprometer recursos multimillonarios sin una debida diligencia completa y transparente», subrayó el legislador, quien también cuestionó la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre un proyecto que afectará a millones de usuarios del transporte público.