El presidente Donald Trump reavivó su guerra contra las ciudades santuario al anunciar que, a partir del 1 de febrero de 2026, su administración cortará el financiamiento federal a estas jurisdicciones, que limitan su cooperación con el gobierno en la aplicación de leyes migratorias. Trump justificó su decisión argumentando que estas ciudades protegen a «criminales» y fomentan el fraude, citando un caso reciente en Minnesota donde se descubrió un esquema de fraude millonario en programas de cuidado infantil financiados con fondos federales. «No vamos a realizar ningún pago a nadie que apoye las ciudades santuario», declaró el mandatario, añadiendo que su gobierno ya ha suspendido pagos en ese estado.
La medida se enmarca en una orden ejecutiva emitida en abril de 2025, titulada «Proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros delincuentes», que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) y al de Seguridad Nacional (DHS) a tomar acciones legales contra las jurisdicciones que obstruyan la aplicación de leyes migratorias federales. Sin embargo, esta política ha enfrentado resistencia legal: en 2025, un juez federal en San Francisco bloqueó un intento previo de retirar fondos a ciudades como Chicago y Los Ángeles, y en enero de 2026, otro juez en Nueva York frenó temporalmente la suspensión de subsidios en cinco estados.
Las ciudades santuario, como Chicago, han respondido con firmeza. El alcalde Brandon Johnson aseguró que su ciudad luchará por recuperar «cada dólar retenido», argumentando que los fondos son para los ciudadanos, no para el presidente. Estas jurisdicciones se amparan en la Décima Enmienda de la Constitución, que limita la capacidad del gobierno federal para imponer políticas a los estados. Además, organizaciones como el American Immigration Council han señalado que las políticas santuario no impiden la detención de inmigrantes con antecedentes penales, sino que se enfocan en proteger los derechos humanos y evitar la colaboración con agencias como ICE en operaciones de control migratorio no vinculadas a delitos graves.
El conflicto refleja una tensión creciente entre el gobierno federal y las ciudades que buscan proteger a sus comunidades migrantes, incluso cuando enfrentan amenazas de recortes presupuestarios. Mientras Trump insiste en que estas políticas violan la ley federal, las ciudades santuario argumentan que su enfoque prioriza la seguridad y los derechos de todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio.