Aunque todavía podría haber una batalla legal por venir, la Corte Suprema desestimó la petición de 13 fiscales republicanos que defendían su derecho de exigir la implementación del castigo a inmigrantes impuesto por Trump a través de la regla de carga pública
La Corte Suprema desestimó una apelación presentada por un grupo de estados republicanos que buscaban la reinstauración de la regla de carga pública impulsada por el expresidente Donald Trump, la cual castigaba a los inmigrantes más pobres.
En una opinión de una página, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió un acuerdo junto con los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, para explicar sus votos que desestiman la petición de los republicanos.
La decisión de este miércoles cierra el paso a una batalla en tribunales, luego de que el Gobierno del presidente Joe Biden decidiera cancelar la regla de carga pública del expresidente Trump, la cual complicaba seriamente las peticiones de ‘green card’, para quienes piden ayudas sociales, como cupones de alimentos y seguro médico.
El Máximo Tribunal no responde a la pregunta sobre si la regla es “legal o no”, sino que rechaza el reclamo de un grupo de 13 fiscales generales estatales republicanos, encabezado por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, para defender la aplicación de un programa federal.
Los jueces escucharon argumentos en febrero pasado sobre si los estados tenían derecho a defender la legalidad de la regla, después de que la Administración Biden abandonara la política y se negara a argumentar a favor de ella.
“Otorgamos el certiorari en este caso no para abordar los méritos de ese argumento, sino para decidir si a los peticionarios, 13 Estados que apoyan la Regla, se les debería haber permitido intervenir en este litigio para defender la legalidad de la Regla en la Corte de Apelaciones”, indica la opinión de los jueces.
La decisión de la Corte Suprema, sin embargo, deja claro que su decisión no limita posibles argumentos posteriores a la regla de carga pública.
“Pero esa resolución no debe tomarse como un reflejo de una opinión sobre ninguno de los asuntos anteriores, o sobre la resolución adecuada de otros litigios, pendientes o futuros, relacionados con la regla de carga pública de 2019, su derogación o su reemplazo por una nueva regla”, indica la Corte.
El 24 de febrero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un aviso de propuesta de reglamentación de carga pública, la cual se espera implementar en julio o agosto de este año. Esta guía reemplazaría a la de 1999.
El ajuste más importante es la decisión de la Administración Biden de enfocarse en el “castigo” a inmigrantes que soliciten dinero en efectivo al gobierno durante un largo periodo.
“El DHS propone no considerar los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional”, indicó la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) al anunciar el nuevo plan.
El Gobierno federal debe mantener este programa de carga pública, debido a que lo marca la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
“Cualquier extranjero que, en opinión del funcionario consular en el momento de la solicitud de visa, o en opinión del Fiscal General en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública sea excluible”, señala esa norma.
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